Un gobierno difícil, en un municipio que no sólo asiste a uno de los momentos de mayor dispersión polìtica de su historia, sino que debe hacer frente a la complicada situación jurídica –todavía pendiente de resolución- derivada del proceso contra la presunta “trama organizada” para la corrupción y la consumación de construcciones ilegales encabezada por el ex alcalde José Martín Alba. Siete meses después de asumir el gobierno municipal, Lozano opina, pese a todas esas dificultades, que “la situación ya no es tan complicada como entonces”. “El gobierno tripartito PA-PP-LV está funcionando con un gran criterio de unidad y de consenso –asegura- que es lo que Alcaucín necesita, y lo que creo debe ocurrir siempre en política. Somos conscientes del momento difícil en que está el municipio, y encima en medio de una situación de crisis económica y caída de las actividades que podían traer más beneficios económicos a Alcaucín”.
“En la medida en que el sumario del caso Arcos sigue cerrado –señala el alcalde- hay una complicada situación que afecta a muchos propietarios, que no saben cuál es la verdadera situación de sus propiedades, y que no permite al Ayuntamiento poner en claro cada una de las situaciones de acuerdo a ley. Hay más de 1.500 expedientes que están en manos de la Justicia y el Ayuntamiento no tiene acceso a ellos. En un pueblo que tiene aproximadamente 4.000 habitantes, es fácil comprender que existe un cierto nerviosismo en mucha gente por esclarecer su situación. El Juzgado ya nos está devolviendo algunos expedientes que le solicitamos, pero la mayoría todavía están en proceso de investigación y no podemos tener acceso a ellos. Lo que esperamos es que los jueces decidan lo que deban decidir en el aspecto penal, pero a partir de allí lo más rápidamente posible tengamos la posibilidad de ponernos a trabajar para regularizar la situación jurídica de la gente”.
Refiriéndose al reciente decreto de la Junta que pretende regularizar la situación de una gran parte de las viviendas irregulares de la Axarquía, Lozano acusa a la Junta de que, con la excusa del proceso judicial abierto, no ha prestado la mínima colaboración necesaria con el municipio. “Hace un tiempo, la Consejera reunió a todos los alcaldes de la comarca para hablar del tema, pero no incluyó a este municipio, y la colaboración que la Junta ha estado prestando a otros municipios para el relevamiento y clasificación de la situación de las viviendas en el campo, que permitieron realizar el inventario con que ahora se está trabajando para la regularización, se nos ha negado en todo momento. Hay que entender que nosotros no tenemos ni remotamente los medios técnicos y económicos suficientes como para encarar una tarea de esas características. Además, ahora tras el decreto son los Ayuntamientos, en realidad, quienes quedan con la responsabilidad de discernir la situación de cada vivienda y adoptar las medidas que correspondan, pero eso es imposible sin la colaboración de la Junta. En ese sentido tengo que decir –aclara- que me siento muy molesto por la actitud de la Consejería”. Recuerda que en la resolución de cada caso individual la situación es Alcaucín es especialmente compleja, ya que el pueblo no tiene un PGOU sino sólo una adaptación de las Normas Subsidiarias aprobada en el año 2009. Por eso considera que la Junta debe tomar protagonismo para esclarecer la aplicación concreta del decreto, que es ya bastante complicado de por sí.
El alcalde es crítico también con la medida adoptada en Diputación, donde gobierna su partido, respecto al cierre de las Oficinas Urbanísticas que asesoraban a los municipios del interior. “Es cierto que el PSOE está haciendo una utilización política del tema, haciendo catastrofismo con un tema que no lo es tanto, pero también es cierto que las Oficinas Técnicas de Urbanismo estaban prestando un servicio necesario. De todos modos, yo creo que la situación económica catastrófica es la de la Diputación, cómo la han dejado, y la economía es necesaria. Aunque se cierren las oficinas, que llevaban funcionando apenas un año y medio, Diputación nos ha garantizado que esos servicios se seguirán prestando a través de los propios servicios técnicos de la institución. Será cuestión de esperar y ver cómo se van resolviendo los temas a medida que se presenten”.
Respecto a las consecuencias de la crisis general sobre la situación del propio Ayuntamiento, Domingo Lozano dice que “estamos gestionando lo que tenemos con austeridad y con el mejor aprovechamiento posible, y le puedo decir que al 31 de diciembre hemos terminado el año sin deberle nada a ningún proveedor, y sin deber un duro a los trabajadores, que ya es mucho decir”. El regidor alcaucinero insiste en que “la cuestión es gestionar correctamente lo que hay, sin gastar más de lo que se puede, y reduciendo todo lo que no sean gastos imprescindibles. Lo que no se puede es tener quinientos euros y gastarse mil, porque después la deuda se amontona y en algún momento hay que pagarla. Muchos Ayuntamientos han vivido por encima de sus realidades, tal vez pensando que la época de las vacas gordas iba a durar para siempre y ya llegaría el momento de pagar; pero ahora se están viendo las consecuencias. Esto es como una casa de familia: tenemos un presupuesto de aproximadamente tres millones de euros y con eso hay que llegar a fin de año como sea. Es cierto que en una casa después al padre de familia no lo eligen en elecciones, y muchas veces hay políticos que piensan más en los votantes futuros que en el presente. Pero a veces hay que pensar menos en las elecciones y más en estabilizar la realidad del municipio”.
No obstante, a pesar de las pocas perspectivas económicas inmediatas, sí que existen proyectos que –contando con el apoyo de otras administraciones- está previsto poner en marcha. Uno de ellos es la guardería municipal en la zona de Puente Don Manuel, que ya tiene proyecto aprobado y el dinero dispuesto; además de varias calles en ese núcleo que están pendientes de comenzar las obras. Además se quiere terminar el edificio de usos múltiples que hay en Ventas Bajas, que se espera terminar este año. Lozano quiere aclarar algo, por fin, con respecto a las críticas sobre los recortes que va a practicar Diputación en las partidas de la Concertación: “Esas críticas- señala- sólo pueden hacerse desde la mala fe: Diputación nos ha garantizado que los pueblos pequeños -que son los que la institución provincial tiene que atender por sus propias competencias- recibiremos todas las ayudas que están previstas; y los recortes que se hagan afectarán en todo caso a programas de municipios más grandes o a programas que no son indispensables inmediatamente para los pueblos. En ese sentido, confiamos plenamente en el nuevo gobierno de la Diputación Provincial”.