La utilización de la falsedad, amplificada por lo común por los medios de comunicación, se ha convertido en un arma política cotidiana. Deleznable, sí, pero al parecer útil a todas las fuerzas políticas, aunque algunos la usan más que otros. Hace unas semanas, hablábamos de la acusación lanzada a los medios por el PSOE de Torrox sobre las presuntas ilegalidades de unas reformas menores en la vivienda de la alcaldesa. La desmentida, avalada con todos los informes técnicos y jurídicos del caso, salió a la luz muy pronto. Pero ni los medios se hicieron eco, ni -por supuesto- los socialistas se retractaron o al menos pidieron disculpas por su falsa denuncia. En la opinión pública, o sea en el cacareo de esos señores que andan por las barras de los bares oficiando de sabelotodo y opinando lo que escucharon en la radio o vieron en la televisión (porque que lean un periódico, eso ya es más difícil), ha quedado más o menos que la alcaldesa se hizo una casa saltándose la ley, por supuesto usufructuando su posición.

“Noticias” de ese tipo aparecen día a día, sustentadas en comunicados o declaraciones de políticos que luego jamás se hacen responsables de haber mentido, y a sabiendas de que están mintiendo. El penúltimo capítulo -hasta hoy- lo protagoniza otra vez el PSOE de Torrox -un auténtico especialista en estrategias de distracción- tratando de responsabilizar a un concejal del gobierno de haber sido el culpable de los problemas que viene teniendo el cuatripartito para sacar adelante promociones de VPO (problemas que incluyen, por ejemplo, un insólito contencioso de la Junta para parar el último de los procesos cuestionando el precio de la parcela, cuando la Junta misma exige que los terrenos se le cedan gratuitamente cuando hace VPO). Suciedad distribuida por doquier, sin la más mínima demostración de la veracidad de sus afirmaciones. Lo que el PSOE de Torrox no logra tapar con tanta suciedad, es que en ocho años de gobierno no haya construido ni una sola vivienda social, mientras Torrox registraba la más alta tasa de construcción de renta libre de la provincia, por parte de empresas que el gobierno socialista trataba con especial deferencia. Las cosas como son.

Para ampliar el tema referido al mencionado contencioso de la Junta, reproducimos el artículo publicado en “La prensa de la Axarquía”, edición de julio de 2010, página 12.

“La Junta de Andalucía, en una actitud insólita, acaba de iniciar un contencioso contra el Ayuntamiento de Torrox, acusándolo de poner en venta a precio menor al de mercado unas parcelas públicas destinadas a la construcción de 158 VPO. El Ayuntamiento, sacando las cuentas correspondientes, ofreció por algo más de 800.000 euros algo que según la presunta valoración de mercado llegaría a los dos millones, teniendo en cuenta que el objetivo (que una empresa privada construya las necesarias viviendas de protección oficial) justifican abaratar el coste de la tierra, con el fin de que la empresa que resulte adjudicataria pueda rentabilizar la construcción de las casas, para las que debe mantenerse un precio tope -fijado por la propia Junta- que esté al alcance de los demandantes. Es obvio que si el suelo vale a precio de mercado, el precio final de las casas también va a salir a precio de mercado, que no es el objetivo de las VPO.
Lo más insólito de esta actuación, es que cuando las empresas públicas de la Junta o de la Diputación asumen la construcción de VPO, exigen a los Ayuntamientos que los terrenos se los cedan gratuitamente; demostrando así en los hechos que en otras condiciones no salen las cuentas para construir vivienda a precios reducidos. De hecho, el pasado gobierno socialista había cedido uno de los mejores espacios del pueblo (los actuales “edificios de los maestros”) gratuitamente a la Diputación para ese fin, y encima se hacía cargo de los gastos de urbanización. En esa ocasión, a la Junta no le pareció lesivo para los intereses patrimoniales de Torrox el regalo.
Pero esta vez, la Junta exige que a la empresa privada (si es que alguna -incluso- está dispuesta a afrontar la construcción de VPO en estas épocas críticas) se le cobre un precio exhorbitante por el terreno; una condicción que seguro no exigiría (más bien todo lo contrario) si fuera la propia Junta la que afrontara el tema. El edil de urbanismo torroxeño se ha preguntado si no es que la Junta prefiere que no se construyan VPO en Torrox. O si no, sugirió, que sea la empresa de la Junta la que las haga: y pagando el precio de mercado por la tierra.
O a lo mejor -tampoco falta quien se lo pregunte- esperan para eso a que vuelvan a gobernar los socialistas en el municipio del “mejor clima de Europa”.