El Pleno del Ayuntamiento de Torrox resolvió ayer desistir del concurso para la adjudicación de una parcela destinada a la construcción de viviendas de protecciòn oficial, debido a un contencioso iniciado por la propia Junta de Andalucía, quien arguye que el precio fijado para la adjudicación (alrededor de 500.000 euros) no es legal, puesto que los técnicos han cuantificado la misma en más de dos millones. El concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno, admitió lo inevitable del desestimiento, ya que la empresa adjudicataria no puede arriesgarse a afrontar las obras sin una garantía de que no se verá luego afectada por el procedimiento legal. Sin embargo, insistió en que el argumento de la Junta no es válido, ya que toma como definitivo el precio máximo que la ley fija para la parcela, y no el mínimo, establecido por la LOUA. Pérez Moreno acusó a la Junta de “hacer partidismo”, con argumentaciones caprichosas, para favorecer la acción de la oposición socialista en el municipio. El debate se complicó aún más por la acusación de los socialistas (que por la tarde emitieron un comunicado recalcando este aspecto) culpando de la interrvenciòn en todos los casos fracasados de poner VPO en marcha (van tres en esta legislatura), a una empresa local ligada a familiares del concejal del PSA José Pérez. Pérez retó a los socialistas a demostrar sus palabras, comprometiéndose a dimitir en caso de que lo hiciesen, pero exigiendo la dimisión de los acusadores en caso de no poder hacerlo.

Han sido tres hasta el momento los procesos de construcción de VPO que ha intentado iniciar el gobierno tripartito, y en los tres casos han surgido problemas. En los tres casos, efectivamente, participó del concurso la empresa local Obrasur, propiedad de una hermana del concejal citado (en dos de los casos, como única ofertante); pero la anulación de los respectivos concursos se debió a errores administrativos o -como en este último caso- al contencioso de la Junta. “En este pueblo, que es pequeño, todos los concejales tenemos algún familiar que tiene derecho a trabajar o tener su empresa como cualquier vecino -recordó el edil aludido-, pero para el PSOE parece que los únicos que tienen derecho son los familiares de los socialistas”. José Pérez calificó de “ruin e indigna” la acusación de los socialistas, señalando que “el verdadero motivo de toda esta suciedad conque están queriendo tapar a la política local, es disimular que durante ocho años en que gobernaron, en  el mejor momento económico del país, y con una gran cantidad de parcelas disponibles para VPO, no construyeron ni una sola. Más todavía: prefirieron vender por ocho millones unas parcelas destinadas a esas viviendas en Santa Rosa para hacer caja y poder gastárselo en lo que les pareciera mejor a ellos”.

Pérez Moreno, por su parte, se preguntó “¿por qué la Junta inicia un contencioso a Torrox, para impedir la construcción de VPO, y no hizo lo mismo con el anterior gobierno socialista, que no acató la requisitoria de la propia Junta de anular las licencias en cinco proyectos de actuación, algunos  directamente promovidos por empresas de concejales del gobierno, y tuvo que ser la acusación privada quien tuvo que querellarlos, de resultas de lo que al día de hoy la justicia ha imputado al ex alcalde y cinco de sus concejales?”